Cuando la cifra de contagios supera las 400 mil personas y la de fallecidos las 13 mil, el Gobierno de Duque y las alcaldías de las principales ciudades están planteando la alternancia en la educación y el retorno a las aulas, para reactivar la economía capitalista, sin importar las afectaciones en la salud y la vida de la población estudiantil y sus familias que esta medida implica.
En principio, el Gobierno había planeado el regreso a clases en los llamados municipios no-covid, alegando un supuesto aplanamiento de la curva de contagio, cuando hemos pasado de 686 municipios afectados en junio, a 872 en agosto. Simultáneamente se anuncia la apertura del transporte aéreo y del terrestre intermunicipal, cuando la curva de contagio crece en un promedio de 10 mil infectados y 300 fallecimientos diarios, ocupando el país el primer lugar mundial en fallecimientos por millón de habitantes.
Por su parte, Fecode, después de un tímido llamado a dos jornadas en el mes de junio, sin preparación en las bases, ha convocado a un Paro Virtual de 48 horas los días 12 y 13 de agosto, con la consigna “Sí a la vida, sí a la salud, sí a la educación: no a la alternancia”, exigiendo garantías y recursos para la continuidad del año escolar.
Como Unidad Docente, corriente magisterial del Partido Socialista de los Trabajadores, nos sumamos a esta jornada de protesta virtual, pero creemos que la lucha debe ir más allá de las reivindicaciones que hoy plantea la Fecode para el sector educativo y que el magisterio debe ponerse al frente de esta lucha por la vida, cuando el Gobierno de Duque ha aprovechado la pandemia para incrementar su guerra social contra la clase trabajadora.
Afectaciones a docentes, estudiantes y familias
En esta crisis social que la pandemia ha profundizado, el gremio docente, junto con los demás trabajadores del sector educativo, ha tenido graves afectaciones: sobrecarga y acoso laboral, prestaciones sociales represadas por la Fiduprevisora y el Fomag, colapso del precario servicio de salud que ha costado la vida a muchos docentes, ampliación de la jornada laboral con la virtualidad, aumento de costos de energía y conectividad, negación del pago para zonas de difícil acceso y horas extras y, en algunos territorios, declaratoria de vacaciones en la cuarentena. Mientras tanto, siguen los procesos de evaluación de desempeño, los pilotos de alternancia de la Directiva Ministerial #11 del 29 de mayo de 2020 y las exigencias del Sigep sin tener en cuenta la situación por la que se atraviesa.
Por otra parte, la mayoría de las familias no tienen condiciones para la conectividad y han tenido que endeudarse para poder adaptarse a un nivel mínimo de tecnología y conectividad, mientras millones de estudiantes en zonas rurales han quedado al margen del proceso educativo.
Mientras tanto, los recursos para enfrentar la pandemia han sido entregados al sector financiero, a los dueños de las EPS, a los industriales, a los terratenientes y a los contratistas estatales que han aprovechado el aislamiento obligatorio para apropiarse de los recursos públicos, sumado a la creciente ola de corrupción desatada por decenas de gobernantes locales, a través de contrataciones amañadas y fraudulentas.
La violencia, la otra pandemia
El hecho sucedido en los límites de los departamentos de Cauca y Nariño, cuando grupos paramilitares asesinaron a los estudiantes Cristian Felipe Caicedo y Maicol Ibarra cuando llevaban sus tareas al colegio, nos muestra la situación de violencia que se vive en las zonas rurales y en los barrios marginados de las ciudades.
Muchos docentes también han sido asesinados o les ha tocado salir de sus zonas de trabajo por la violencia política y la estigmatización que por parte del Gobierno de Duque y los partidos uribistas se hace del magisterio.
Por ello, la Fecode no se puede limitar a rechazar los crímenes de líderes sociales cuando al mismo tiempo hace un llamado a respaldar las Cortes, que han sido garantes de la impunidad de estos crímenes, tanto de sus perpetradores como de sus financiadores. Fecode debe ponerse al frente de la denuncia de esta masacre y exigir que la justicia actúe.
Renta Básica Universal y no pago de la Deuda Externa
Hemos exigido desde el comienzo de la pandemia una Renta Básica Universal de al menos un salario mínimo y que para este plan de emergencia se tomen los recursos que hoy se destinan para el pago de la fraudulenta Deuda Externa, para garantizar una cuarentena real y con garantías que pueda detener la expansión de la pandemia.
Por lo anterior, pensamos que el pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro, CNP, y respaldado por la Fecode es insuficiente, pues no plantea medidas urgentes como la suspensión de los pagos de la deuda externa y la derogatoria de la Ley 100 que tantas muertes ha causado en el país, para que la exigencia al MEN, a la Fiduprevisora y a los contratistas para que garanticen “el derecho a la salud integral, con dignidad y oportunidad para el magisterio y sus familias” no se vuelva una frase de cajón.
De igual manera, debemos manifestar a las bases del magisterio que la política del CNP, que hoy está reducido a la burocracia de las centrales sindicales y de la Fecode, ha sido respaldar las llamadas alcaldías alternativas – en particular las de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena – que no enfrentan los planes de Duque, sino que al contrario implementan su modelo de reapertura de la economía.
Unificar las luchas: por una cuarentena con garantías
Es hora de que las juntas nacionales de la Fecode y sus sindicatos filiales apliquen el método de reunirse con sus bases, de escuchar antes de tomar decisiones y de acordar con ellas los mecanismos de acción para la movilización. Porque la simple suscripción a la “Desobediencia Civil” es como dejar como una responsabilidad individual la movilización y las luchas, evadiendo la responsabilidad que tienen hoy las organizaciones sindicales y las centrales en esta lucha por la salud, la educación y la vida.
Es importante la solidaridad con las luchas del movimiento estudiantil universitario exigiendo matricula cero, pero el magisterio – que es el sector laboral mayoritario entre la clase trabajadora sindicalizada – debe asumir su responsabilidad en la dirección de las centrales y su contacto permanente con la comunidad educativa, para unificar las luchas que hoy libran los trabajadores de la salud, del petróleo, del carbón y de los sectores populares, como hemos venido impulsando a través de la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular.
El modelo de alternancia es poner la educación al servicio de las ganancias de los capitalistas, por ello, solo la planificación social de la producción podrá garantizar el bienestar común y garantizar que la humanidad pueda enfrentar pandemias como la del covid-19 con afectaciones mínimas.
Por ello, es necesario que el magisterio se convierta en motor de ese cambio, entender que nuestra acción conjunta, pedagógica, organizada y movilizadora con los y las hijas de la clase trabajadora y popular, es lo único que garantizará empezar un camino hacia la transformación de la sociedad; por ahora solo nos queda entender que para exigirle al Ministerio de Educación Nacional el establecimiento de los criterios de calendario escolar, el respeto a la jornada laboral, la universalización de la conectividad, el fin de la evaluación de desempeño, la restitución de las vacaciones y el reconocimiento y pago de zonas de difícil acceso, debemos preparar un Paro Nacional Indefinido, en conjunto con la clase trabajadora y los sectores populares.